María Luisa Cabral Bowling
Apenas el primero de julio empieza la administración de López Obrador como presidente y sin embargo ya se han echado a andar varias medidas de cambio en el Congreso ahora dominado por Morena y se han planteado decisiones importantes sobre temas sometidos a consulta.
Primero es importante decir que es un avance muy significativo que se empiece a consultar a la ciudadanía sobre las medidas que toma el gobierno. En los gobiernos parlamentarios es algo bien establecido que los convierte en los sistemas más democráticos dentro de los Estados liberales. Incluso en Estados Unidos en donde claramente se ha construido una dictadura de la mayoría como la que tanto temía Tocqueville, con mayorías manipuladas por los medios de comunicación y por el dinero, aún ahí, en cada elección se someten a consulta diversos asuntos de interés nacional o estatal. Por supuesto que será necesario que estos ejercicios se regulen, se afinen, se perfeccionen y se corrijan todos los errores, defectos y deficiencias, pero no que se estigmaticen, se deslegitimen o se eliminen.
Un requisito muy importante para que haya consultas democráticas legítimas y pertinentes es que los ciudadanos cuentes con información objetiva, completa y accesible. No se pueden tomar decisiones sobre algo que se desconoce. En México se requieren medios de comunicación y espacios de discusión y de debate que permitan formar opiniones sólidamente sustentadas y obviamente quienes más deben opinar son las poblaciones o las personas que se van a ver directamente afectadas. Además, es indispensable contar con la opinión de expertos sobre las diversas materias, también objetivos y que se preocupen por el bien común y la protección del medio ambiente. O sea que nos falta mucho camino por recorrer para poder contar con esos mecanismos de participación democrática, pero más no vale ir empezando a construirlos de manera decida.
Dos de los temas que se han debatido sobre la nueva administración federal que son muy cuestionables son es la Consejo asesor de empresarios y el perdón a los corruptos. Respecto al primero, no debe dársele prioridad a la asesoría u opinión de los grandes empresarios. Tienen un margen de participación y de maniobra más que suficiente y si quieren asesorar que lo hagan abiertamente, frente a la opinión pública en donde, como cualquier hijo de vecino deberían presentar argumentos sólidos que respeten el bien común, el medio ambiente y los derechos humanos de todas las personas. Si así fuera no tendrían ninguna necesidad de un consejo especial que le hable al ejecutivo a espaldas de la opinión pública.
El perdón a la corrupción justificada porque son demasiados los corruptos y nos empantanaría, es sencillamente inaceptable. Quien ha cometido crimines o delitos tiene que enfrentarse a la justicia, si es que verdaderamente se pretende que haya un estado de derecho en donde nadie esté por encima de las leyes, así de sencillo.
Promover la siembra masiva de árboles frutales y maderables en el sureste, debe cuidar no caer en el monocultivo de plantaciones que es lo más depredador con el medio ambiente y que propicia el despojo de comunidades.
Tampoco parece para nada conveniente la propuesta de separar lo económico de lo político. Si la promesa es evitar que los grandes intereses económicos determinen las grandes decisiones políticas, está muy bien, pero también es cierto que las demandas verdaderamente progresistas lo que exigen es la democratización de las grandes decisiones económicas y no creer que las decisiones económicas importantes, las que tiene que ver con el interés común, son decisiones técnicas o puramente económicas porque todas las decisiones económicas importantes son esencialmente decisiones políticas.
Otro de los mayores retos que va a enfrentar el pretendido cambio de régimen son los muchos, por no decir la mayoría de los representantes y autoridades que resultaron electos bajo el cobijo de las promesas de combate a la corrupción, de atención a los sectores más desfavorecidos, de respeto a los derechos humanos de Morena bajo el liderazgo de López Obrador. Hay mucho oportunismo, falta de preparación y de vocación de servicio en muchos de ellos y si su actuación se aleja de los principios con los que supuestamente se comprometieron, entonces, además del rechazo y de la exigencia ciudadana, deberían ser expulsados del partido, si es que hay un mínimo de congruencia, para que por lo menos, por lo menos, no puedan hacer carrera política en el futuro cobijados por Morena.
Por último, uno de los temas más debatido es el de la propuesta de formación de una Guardia nacional que no retira al ejército de las calles, que incorpora a miembros del ejército, de la marina y de la policía federal en este organismo militarizado. Este si es un tema mucho más complejo y no es que esa sea la solución ideal o deseable y mucho menos permanente, pero la realidad es que no hay muchas opciones. Quienes la critican deberían también hacer propuestas viables, efectivas y eficientes a ver si se encuentra una solución más pertinente. La realidad es que no se puede confiar en los cuerpos policiacos que no dependan directamente de la federación, porque López Obrador no podría asumir la responsabilidad confiando en todos los gobiernos estatales y municipales que no dependen de él y en donde hay casos terribles de corrupción y de complicidad con el crimen organizado y tampoco se pueden traer extraterrestres para garantizar la seguridad. Así que no hay mucho para donde hacerse y lo que si debemos exigir es que se inicie de inmediato la aplicación de medidas de selección y capacitación que garanticen la formación de cuerpos policiacos suficientes y bien formados que en el menor plazo posible puedan asumir las tareas de garantizar la seguridad y la impartición de justicia sin corrupción y con absoluto respeto a los derechos humanos, para ir abatiendo la violencia y desmilitarizar al país lo más pronto posible.
Lo que si queda muy claro es que el sunami del primero de julio fue la exigencia de cambio de la mayoría de los ciudadanos para acabar con la corrupción, la violencia contra las mujeres y los más desprotegidos, la simulación (que también es corrupción) el despojo, la explotación de los grupos más vulnerables, la destrucción del medio ambiente y de los recursos naturales y sobre todo la exigencia de democratizar la vida nacional. Pero también es muy claro que sin una clara y decidida participación ciudadana que empuje los cambios no serán posibles.