Dom. Ago 14th, 2022

* Por Lic. Jorge Iván Navarro Manríquez y Lic. Jesús Francisco Rubio Salgado

Excelente inicio de semana tenga Usted Querido(a) Amigo(a) Lector(a), en esta ocasión abordaremos un tema que por demás es un hecho notorio en la administración pública del Estado, dicho sea de paso, en nuestro Estado de Baja California Sur, y que desde luego causa un gran impacto en el ejercicio de los Poderes de la Unión que se manifiestan a través de la delegación de competencias y responsabilidades de todas y cada una de las dependencias y órganos de gobierno, a los cuales acudimos los ciudadanos para realizar diversos trámites de naturaleza administrativa y jurídica, evidentemente soportando una gran cantidad de asuntos, como sucede precisamente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en de las Oficialías del Registro Civil,  mientras que otras, comparativamente, tal vez, pueden no tener tanto volumen de trabajo, pero son igual de importantes, por ejemplo lo que concierne a la administración pública de los panteones y cementerios, por citarlo de manera enunciativa y no limitativa, ya que se reitera qué son muchas las dependencias, y sin embargo, el elemento “burocracia” está bien señalada en el ejercicio de sus actividades diarias.

Según las fuentes lingüísticas, se dice que el término “burocracia” proviene de bureau, y a su vez este proviene del francés bureaucratie, qué se asocia a los conceptos de “oficina” o “escritorio”, mientras que el término cratie proviene del griego qué significa “poder o fuerza”, luego entonces dicho concepto se puede interpretar como el poder que se ejerce a través de la oficina o través del escritorio; creo yo que tal concepto emergió de las jerarquías y puestos de quienes ostentaban un poder desde un escritorio o un espacio de trabajo en las oficinas públicas, asociándose a las áreas de trabajo de las dependencias de gobierno, cuyos titulares delegan las competencias respectivas, según las funciones que por orden de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se asignan a tales dependencias y órganos de gobierno, tomando en consideración las diversas formas de organización administrativa.

Este es un tema que lo vivimos a diario, y como ciudadano puedo decir, qué es muy satisfactorio cuando un servidor público, independientemente del lugar que ocupa en la jerarquía administrativa, me atiende con calidad humana y una actitud de servicio, y desde luego me resuelve según mi necesidad, o bien pudiera resultar que por alguna cuestión ellos no me puedan resolver, pero sin embargo están obligados a investigar en qué área o dependencia de la administración pública del Estado se puede realizar mi tramite y en consecuencia canalizar a la  que corresponda, puesto a que estamos en presencia de un derecho humano, el que la autoridad me resuelva de manera pronta y expedita y satisfaga mi necesidad en vista de la teleología del Estado qué es precisamente el del bien común.

Ahora bien, ya que hicimos un preámbulo contextualizado de la burocracia, y que creo yo no es un tema difícil de comprender, puesto a que como lo reitere al inicio de esta su columna Quod Legis, es un tema que recurrentemente lo vivimos a diario, esto debido a que el servicio público es la piedra angular de la administración pública, cómo lo citaba el maestro Gabino Fraga en su obra de Derecho Administrativo, qué hay quienes dicen que esta obra ya está obsoleta para utilizarla en estos días, sin embargo yo opino lo contrario; cabe plantearnos la pregunta ¿Que esperamos de la burocracia en la administración pública?, y propiamente hablando de nuestra realidad social de Baja California Sur, creo yo que esto nos afecta de manera general en la calidad del servicio que debe de existir tanto en la celeridad de los trámites como en la certeza de los mismos, en la capacitación y en el profesionalismo que deben de tener los servidores públicos, en la falta de motivación que puede generarse por diversos factores emocionales como consecuencia del ejercicio y vivir diario de su rol y estatus de servidor público que pudieran generar una rutinaria monotonía laboral, y es bien cierto, por ser un hecho notorio, que muchos trabajadores basificados y de confianza realizan la misma actividad casi todos los días, de lunes a viernes en un horario general de las 8:00 de la mañana hasta las 15:00 ó 16:00 de la tarde, e incluso hay quienes pueden generar jornadas que impliquen horas extras, como por ejemplo en el caso de las responsabilidades que tiene la Secretaría de Finanzas de Baja California Sur en cuanto a la rendición de cuentas y aprobación de los presupuestos que deben de ser presentados al Honorable Congreso de Baja California Sur, esto sólo por citar algunos trámites de esta naturaleza, y que desde luego todos estos factores inciden en la calidad profesional y emocional del servidor público, quienes muchos son carne de cañón al interactuar directamente con los usuarios que promueven sus trámites, desde los más sencillos hasta los más complejos, y que impactan directamente la vida de las personas a un nivel emocional superior, dicho sea de paso como en el caso de los trámites judiciales en la modificación del estado civil de las personas o en conocidos juicios sucesorios, cuya resolución del juzgador conmociona la vida de los justiciables, incidiendo en sus derechos, obligaciones y bienes jurídicos materiales e inmateriales.

Fíjese Querido Amigo Lector, que este tema de la burocracia en la administración pública, por naturaleza propia está relacionado a otros temas, es una especie de trampolín que nos impulsa a hablar también, en la medida de lo posible, de los derechos laborales de los servidores públicos, para equilibrar la balanza de obligaciones y responsabilidades, ya que también, al final del día son seres humanos y tienen derechos, por lo cual debe ser una premisa importante el que el patrón Estado se los reconozca y proteja; la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipio de Baja California Sur contempla dentro de las categorías de los trabajadores precisamente a dos que conviene señalar, y qué son los del vivir diario en la administración pública, y creo yo que  Usted adivina correctamente al pensar en los trabajadores “de confianza” y “los de base “,  los primeros reciben esa categoría en razón a que no gozan de estabilidad en el empleo, malamente a criterio personal, según los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden ser removibles siempre y cuando se pierda “la confianza” en el ejercicio de sus funciones, y en caso dado hay que determinar qué acto realizado por esta categoría de trabajador se considera a tal grado de perder la confianza, lo cual podría traducirse en una responsabilidad civil, penal o administrativa, provocando entre otras consecuencias la de la rescisión de la relación de trabajo; por otro lado tenemos a los trabajadores de base, quienes no pueden ser removidos de su puesto y funciones y gozan de estabilidad en el empleo, propiamente son los que forman parte de los sindicatos, siendo estos “una asociación de trabajadores para la defensa, estudio y mejoramiento de sus derechos y obligaciones”, y esto nos llevaría a otro tema, el sindicalismo en Baja California Sur; siendo muy marcado que en algunos casos puede configurarse la simulación jurídica en el sentido de que existe material y jurídicamente el sindicato pero no cumpla con el objeto social para el que fue creado.

En esta misma línea argumentativa, y estando en el tema de los derechos de los trabajadores burocráticos, creo que es justo que estén informados de sus derechos, porque son una parte importante en la estructura jerárquica de la administración pública, dicho sea de paso, todos los días, a través de lo que es la radio matutina, puedo escuchar muchas denuncias ciudadanas que exigen una pronta respuesta a las necesidades que acontecen en sus domicilios y colonias, problemas tan comunes como la falla en el sistema de alumbrado público, fugas de agua, delincuencia urbana, y en esta aletargada pandemia de covid y sus diversas variables lo que corresponde a la actuación de las autoridades de salud y en el foco de atención en estos últimos días a las autoridades de educación pública, y así como les pedimos que realicen adecuadamente su funciones, es tan bien justo que sean merecedores del conocimiento, goce y ejercicio de sus derechos laborales y de seguridad social, que comprende los esquemas sociales del ISSSTE, FOVISSSTE, IMSS, INFONAVIT, FONACOT, fondos de ahorro, aportaciones sindicales y los demás derechos inherentes a su cargo y puesto.

Se reitera que existen tres tipos de responsabilidades para los servidores públicos, la denominada responsabilidad civil que puede implicar una afectación material objetiva o bien subjetiva en el ejercicio de sus funciones que implique una reparación de un daño, la responsabilidad administrativa que por su naturaleza del servidor público pueda afectar en su ejercicio profesional de su cargo y funciones con ese carácter, y desde luego la responsabilidad penal, qué implica la comisión de delito en el ejercicio de sus funciones que debidamente se encuentra tipificados en las leyes penales.

En el marco legislativo, se hace mención que específicamente en el título primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur denominado principios constitucionales, artículo tercero, se cita que «las autoridades y funcionarios del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les conceden en la constitución, la general de la república y las leyes que de ellas emanen»; así mismo en el artículo cuarto se cita qué “es función del Estado proveer el desenvolvimiento de todas las facultades de sus habitantes y promover en todo a que disfruten sin excepción de igualdad de oportunidades dentro de la justicia social”; aprovechó la ocasión para hacer una acotación en el marco del Derecho Constitucional para comentarle que una constitución no es un libro o documento inerte sino un tejido vivo que se manifiesta en el ejercicio de las conductas de las personas y toda constitución, como la nuestra, tiene una división que se expresa en una parte dogmática que hace referencia a los derechos humanos y garantías, y por otro lado otra denominada orgánica qué se refiere a la organización y estructura del Estado, que contiene  artículos relacionados al ejercicio profesional de los servidores públicos en todas sus categorías y especies, y también las formas de organización administrativa.

De igual forma, tenemos una Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur que regula la organización y funcionamiento de la administración pública de nuestro Estado y asigna facultades y obligaciones para la atención de los asuntos de orden administrativo en sus diferentes dependencias entidades y unidades administrativas, definiendo las atribuciones y obligaciones de los titulares de las secretarías y dependencias del Estado; así mismo, dentro de este marco normativo, tenemos también una Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, qué es de orden público y de observancia general en el Estado, cuyo objeto es establecer las competencias del Estado y los Municipios para determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones y sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves y los procedimientos para su aplicación; dichas leyes también están relacionadas con la Ley del Servicio Profesional de Carrera para la Administración Pública Centralizada del Estado de Baja California Sur cuya naturaleza es la de establecer las bases para la organización funcionamiento y desarrollo del servicio profesional de carrera de la administración pública centralizada en el Estado de Baja California Sur, el cual es un mecanismo de gestión administrativa para los servidores públicos con categoría de confianza de la administración pública centralizada de nuestro Estado, qué tiene su base en el reclutamiento, selección, capacitación, profesionalización y evaluación del capital humano que garantice el acceso y promoción, así como la permanencia en la función pública, con base en el mérito desempeño, y desde luego, está orientado a brindar un servicio de calidad a la ciudadanía.

Una máxima en derecho cita que “el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidades”, acertadamente se refiere a que no se puede utilizar como una justificante, excusa o pretexto, que los servidores públicos evidentemente no sepan cuáles son sus obligaciones, que existe una responsabilidad en el ejercicio de sus funciones y desde luego en el trato de la ciudadanía, quienes les solicitan respetuosamente su intervención para realizar algún trámite administrativo o jurídico, “en el pedir está el dar y “tan noble es mandar cómo tan noble es obedecer” y “el que no vive para servir no sirve para vivir”; se sabe también, por pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la finalidad de que existan trabajadores de confianza en la administración pública es porque el titular del Poder Ejecutivo escoge a su equipo de trabajo, pero sin embargo es un hecho notorio que cada cambio de administración pública dejan de formar de esta parte algunos trabajadores de confianza e ingresan otros nuevos, sin embargo el hecho de que hay quienes tal vez consideren como un trabajo temporal en lo que dura cierto período de cierta administración pública, no significa que sea una justificante para no ejercer bien el rol de servidor público o burócrata, y desde luego evitar la simulación de que se esté prestando un servicio cuando en realidad no sea así, y evitar la viciada conducta de de darle cargas de trabajo a las administraciones subsecuentes, dado a esos cambios administrativos, y desde luego tomar en cuenta la formalidad de la entrega y recepción de las dependencias, cargos funciones y demás responsabilidades inherentes, cuando definitivamente se configure la alternancia en el cambio del personal de la administración pública, independientemente de sus niveles de gobierno.

Desde luego que también hace falta mejorar y simplificar los trámites de la administración pública, reduciendo los costos y simplificando los tiempos, como por ejemplo cuando algunas dependencias del Estado que administran la situación del estado civil de las personas solicitan una documental pública, en vías de prueba,  para integrar un trámite asociado a la modificación del estado civil de las personas, puesto que en  dicha dependencia obran tal información, provocando un costo innecesario a los usuarios que deseen realizar dicho trámite.

Evaluar el ejercicio de la función administrativa expresada a través de los trabajadores burocráticos implica tener una serie de principios como son la previsión, la planeación, organización, integración, dirección y control, que van definiendo a una administración pública de calidad o defectuosa ya que evidentemente la administración es toda una ciencia, y desde luego deben estar aderezados con los principios de legalidad, honradez, lealtad imparcialidad y eficiencia, previstos en el artículo 109 fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a falta de esto puede devenir las ya mencionadas responsabilidades de los servidores públicos ameritando posiblemente una sanción disciplinaria con diversas consecuencias jurídicas.

Así entonces querido lector, amablemente se le expone en estas líneas, de manera general, el contexto qué implica la burocracia en la administración pública, que en nuestro Estado de Baja California Sur definitivamente está presente por naturaleza jurídico-administrativa propia , y que sepa Usted qué existen mecanismos en la ley, que a manera de derechos y garantías, podemos ejercitar para contribuir a tener una mejor administración pública y desde luego coadyuvar con los trabajadores burocráticos a construir un mejor Estado , y que esta inclusión solidaria entre ciudadanía y servidor público se vuelva una constante, porque esta función no es absoluta ni permanente sino que obedece a una dinámica social muy cambiante y muy compleja, que desde luego demanda de una preparación del servidor público burocrático y un sentimiento de servicio que debe de ser la principal característica que los distinga, y una cultura ciudadana que refuerce este servicio.

Como siempre, Agradecemos Infinitamente a todos los lectores que nos regalan un poco de su tiempo para poder leer nuestra columna y por supuesto a la REVISTA ANÁLISISBCS.COM que nos permite este espacio a favor de la opinión y de la diversidad de la manifestación de las ideas, por las temáticas de nuestra realidad social en Sudcaliforniana, quien es un motor para nosotros en vista de seguir exponiendo nuestras opiniones bien intencionadas y de forma objetiva, reiterando el agradecimiento para con aquellas dudas, sugerencias o comentarios respecto a sus temas jurídicos de interés que pudiéramos abordar para exponerles y así abonarles más a su acervo de conocimiento, que desde luego consideramos es amplio y bastante.

* RS Abogados, Estudio jurídico, somos profesionales del Derecho, especializados en Derecho familiar y civil, así como en Derechos Humanos que está compuesto por, el Lic. Jorge Iván Navarro Manríquez, egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con diplomado en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Lic. Jesús Francisco Rubio Salgado, egresado de la licenciatura en Comunicación y de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con diplomado en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Datos de contacto rsabogados.bcs@gmail.com, con gusto recibiremos sus sugerencias y temas de interés.

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